Aunque el coche eléctrico está en boca de todos como la clave del éxito para mejorar la movilidad en las ciudades, su implantación choca con múltiples obstáculos. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, su rechazo a una proposición de ley que había sido consensuada por la mayoría de las empresas y las instituciones que intervienen en el desarrollo del vehículo eléctrico. En la práctica, el informe negativo deja la nueva ley bloqueada.

La proposición de ley a favor del vehículo eléctrico, presentada por el Partit Demòcrata Europeu Català superó en noviembre el primer trámite al ser aprobada su tramitación por la mesa del Congreso. Sin embargo, no ha conseguido el aval del Gobierno en un trámite por el que la Cámara consulta al Ejecutivo sobre la viabilidad del cambio legal. En ese filtro previo, el Ministerio de Hacienda manifiesta su disconformidad con la nueva ley al considerar que “generaría tanto un aumento de los créditos presupuestarios, como una disminución de los ingresos presupuestarios”.

SUBVENCIÓN Y AYUDA FISCAL

Esa causa económica por la desviación en los presupuestos públicos en que se basa el veto el Gobierno ha sido evaluado por el propio ministerio en 14,6 millones de euros hasta el año 2020 de esfuerzo adicional en las políticas de apoyo al vehículo eléctrico en comparación con los fondos ya previstos. De esa cantidad, 10,5 millones corresponderían a subvenciones añadidas a la compra de todo tipo de vehículos propulsados por baterías y el resto, 4,1 millones, se deben al descenso en la recaudación fiscal por las ventajas tributarias que plantea la proposición de ley en concepto de no tributación de las ayudas en el IRPF y por el impuesto sobre electricidad.

La proposición de ley nació de un motín de las empresas y operadoras eléctricas, fabricantes de automóviles y de la Generalitat que firmaron una reclamación para modificar el marco regulador. Su propuesta, recogida por la proposición presentada por el PDECat, reclama una dotación mínima de 20 millones de euros anuales en ayudas a la compra de vehículos, con un máximo de 7.000 euros por coche, y ventajas fiscales para sus beneficiarios y para instalar puntos de carga en la vía pública.

Hacienda recuerda en su escrito de alegaciones que en los Presupuestos del 2017 que todavía no han sido presentados para su tramitación parlamentaria está prevista una partida de 16,6 millones de apoyo a la compra de coches eléctricos.

DESACELERACIÓN DE LAS VENTAS

El veto del Ejecutivo ha suscitado una tormenta política. El diputado del PDECat Jordi Xuclà califica de “despropósito” el bloqueo de una ley que supone “una inversión muy modesta y que cuenta con el apoyo del sector implicado”. A su juicio, el Ejecutivo y el PP “aplican de forma abusiva la potestad de hacer un informe previo a las proposiciones de ley, como si todavía tuviera mayoría absoluta”.

El Pdecat solicitará a la mesa del Congreso la reconsideración de la tramitación de la ley en un último intento por evitar su bloqueo. Mientras tanto, las ventas de coches eléctricos siguen desacelerándose debido a la falta de ayudas disponibles. En enero, las matriculaciones subieron un 12%, un porcentaje muy por debajo de los registrados en la primera mitad del 2016, cuando todavía había ayudas del plan Movea.

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