Las eléctricas solo podrán cortar el suministro cuando hayan reclamado tres veces el impago

El nuevo bono social tendrá diversos niveles y estará ligado al indicador de rentas Iprem

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Las comercializadoras de electricidad deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento que suceda. Con posterioridad a esta comunicación, reclamarán fehacientemente el pago, ya sea por correo certificado, burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. En caso de que esta reclamación no pueda ser entregada, se prevé la realización de una segunda reclamación, utilizando vías alternativas de notificación. Por último, y antes de proceder al corte de suministro, deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Si no se ha recibido el pago de la factura en dos meses desde esta tercera reclamación de pago, las comercializadoras podrán proceder a la suspensión del suministro.

Este es el mecanismo que figura en el borrador del reglamento enviado por el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a las comunidades autónomas.

Este plazo se ampliará a cuatro meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

Las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y adoptar así las acciones necesarias para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social, «evitando los cortes indeseados», subraya el borrador.

Como novedad fundamental, se crea una tercera categoría constituida por los hogares vulnerables severos en situación de exclusión social. En estos casos, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado esencial y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares.

En cuanto al bono social, el borrador recoge las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación en las Cortes. «Establece un mecanismo más eficiente, basado en criterios de renta de la unidad familiar, para que sea más accesible y refuerce la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social». Así, se crean diferentes categorías para los hogares vulnerables de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para circunstancias especiales (como el grado de discapacidad, entre otras) basadas en supuestos socioeconómicos.

Además, se crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

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